El informe “Las colaboraciones público-privadas como herramientas de privatización» es una publicación en tres partes dirigida por el Observatori del Deute en la Globalització. La Hidra Cooperativa y la Auditoria Ciudadana de la Deuda en la Sanidad hemos colaborado en su elaboración.
Este informe hace una radiografía del marco legal de este tipo de contratos en el Estado español, estudiando en profundidad el caso de las infraestructuras, la sanidad y la educación. Nos ubica en el marco global, explicando las causas estructurales de este gran empuje de privatizaciones encubiertas de nuestros servicios y bienes públicos. La primera entrega, está centrada en el El marco legal y caso de infraestructura.
INTRODUCCIÓN
Las colaboraciones o concesiones público-privadas (CPPs) –también llamadas asociaciones (APPs) o partenariados (PPPs, término más común en inglés)–,nacieron en 1992 en el Reino Unido como una treta contable para esquivar las restricciones del gobierno sobre el endeudamiento público, punto que sigue siendo la principal atracción para los gobiernos y las instituciones internacionales. A medida que en el resto de Europa y del mundo se comenzó a limitar el endeudamiento público con la aplicación de medidas de austeridad, también se disparó la utilización de las CPPs como un componente de la política de privatizaciones y una forma de equilibrar los presupuestos mediante la ocultación del endeudamiento.
Analizando el proceso de la financiarización y la expansión del dogma neoliberal a nivel internacional, europeo y en el Estado español, se muestra además una clara tendencia dirigida a promover el modelo CPP por parte de las instituciones como herramienta de privatización de los bienes y servicios públicos. Un breve recorrido destacando algunas estrategias económicas y políticas relevantes en las últimas décadas nos ayudará a entender y contextualizar mejor el auge de las CPPs en nuestro territorio.
La receta CPP está convirtiéndose en la solución casi única para financiar y/o gestionar nuestros bienes y servicios públicos. El mantra que escuchamos una y otra vez es que «lo privado» es más «eficaz» y «eficiente» en la gestión de nuestra economía productiva y reproductiva. Así, hay que invitar y facilitar al sector privado su participación en los sectores que tradicionalmente han sido de dominio público (como salud, educación, transporte, infraestructuras, etc.).
Pero cada vez van surgiendo más voces críticas; como el Tribunal de Cuentas Europeo, que criticó en 2018 la ineficacia de muchos proyectos CPPs en diferentes estados miembros de la UE. De hecho, en el caso del Estado español, a diferencia de otros países y pese a ser uno de los estados miembros donde su práctica está más extendida, en la actualidad no existe un reglamento específico sobre CPPs ni autoridad a cargo de los proyectos CPP que opere de manera óptima. La reciente puesta en marcha de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (OIReScon) apunta a un nuevo escenario, pero acumula diversos interrogantes.
En este informe se muestran cómo las CPP funcionan muy bien para el inversor, el sector privado y la clase política gobernante, mientras frecuentemente socavan las arcas públicas y muchas veces fallan a la hora de responder a las necesidades de la ciudadanía y no respetan el medio ambiente. En este sentido, se incluye como caso de estudio en este informe el paradigmático caso de la AP7; la autopista del Mediterráneo que comunica toda la costa mediterránea desde la frontera con Francia hasta Algeciras, con un conflicto abierto entre Abertis y el Ministerio de Fomento.
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