En este texto queremos abordar un tema recurrente en la teoría revolucionaria: la relación entre movimiento e institución, entre prácticas sociales e institucionalidad pública. Y lo hacemos no para reproducir la eterna polémica que opone los aparatos del Estado a la política autónoma, sino para postular la posibilidad de una nueva institucionalidad público-comunitaria.
Nuestro punto de partida no es el saber por el saber, o una mera voluntad de erudición. Partimos del trabajo práctico realizado durante más de siete años en torno a los bienes comunes urbanos y del municipalismo radical. Una tarea colectiva que se nutre de mucha investigación, de la implicación en las luchas y los debates en el seno de los movimientos sociales, y de la experiencia de lidiar y conocer por dentro de la máquina administrativa.
El informe recoge la experiencia de haber participado en la elaboración y desarrollo de las políticas de participación ciudadana durante el primer mandato de Barcelona en Común entre el 2015 y 2019. Desde allá, y con la implicación de mucha gente, hemos asumido el reto de coproducir una política pública de promoción de los comunes urbanos que desarrolle un marco conceptual y normativo para la colaboración público-comunitaria en Barcelona. Un reto titánico que conecta con demandas históricas y reivindicaciones de prácticas comunitarias de larga tradición en la ciudad. Esta tarea ha tenido como resultado más tangible el programa Patrimonio Ciudadano de Uso y Gestión Comunitaria (Ayuntamiento de Barcelona, 2017).
El informe está estructurado en cinco apartados. En el primero situamos los conceptos de municipalismo y de bienes comunes urbanos así como su relación y articulación. Son dos cuestiones centrales del programa Patrimonio Ciudadano, puesto que sedimentan su subsuelo político y social. A continuación describimos cómo ha sido la relación entre la Administración y los actores sociales y económicos para el desarrollo y gestión de los servicios públicos. El tercer apartado está dedicado a analizar cómo se ha construido el modelo de gestión pública en el caso concreto de la ciudad de Barcelona, y en el cual se exponen dos casos concretos de gestión ciudadana. Finalmente, en el cuarto apartado, explicamos qué es el Programa de Patrimonio Ciudadano, cómo funciona y cuáles han sido sus principales contribuciones, con el Balance Comunitario y el convenio de Can Batlló.
Lejos de idealizar esta política, el objetivo de este texto es aportar nuestra experiencia en la producción de un marco que cambie los roles y relaciones entre la Administración y las prácticas de acción colectiva. A la vez, esperamos que fomente en otros lugares la colaboración público-comunitaria a partir de la cesión de recursos, reconociendo otras maneras de gestionar aquello público.
Somos muy conscientes de que esta es una humilde aportación y que responde a un contexto concreto: el barcelonés. Pero pensamos que puede contribuir a reflexionar sobre los retos del nuevo municipalismo y a aportar pequeñas experiencias que demuestran que otras maneras de hacer son posibles.
