Hace pocos años, ningún ‘experto’ hubiera dado pábulo a la sugerencia de que una crisis global podía estallar por una cadena de impagos hipotecarios en los guetos americanos. Sin embargo, que el gran crash de 2007 empezase en los barrios pobres de Estados Unidos no es casualidad. Las periferias urbanas se han convertido en el laboratorio más avanzado del capital financiero, y el cinturón rojo catalán en uno de sus experimentos más sofisticados. ¿Cuáles son los mecanismos que sostienen la explotación financiera, y qué podemos hacer para cortocircuitarlos? A esta cuestión dedicamos la segunda sesión del curso ‘Donde Barcelona pierde el nombre’, de la mano de Jaime Palomera (Hidra Cooperativa) y Carlos Macías (PAH). De la misma manera que la semana pasada, compartimos el audio de la sesión (al final de este post) y una reflexión a propósito de ella.
1. La financiarización de barrios y hogares
Los programas de privatización y desregulación que vienen aplicándose desde hace décadas han permitido que las finanzas parasiten casi todos los campos de la vida cotidiana: desde las pensiones hasta la educación. Ahora bien, si hay un elemento que vincula el destino de las clases populares a los mercados financieros, a escala global, no es otro que la vivienda en propiedad. En 2006, en plena burbuja inmobiliaria, Ciutat Meridiana era el barrio de menor renta en Barcelona. Al mismo tiempo, el noventa por ciento de sus habitantes se habían hipotecado o adquirido su vivienda. Wait a minute. ¿A mayor pobreza, más propietarios? Parece un contrasentido. Pero si algo distingue a los polígonos de vivienda catalanes de los grands ensembles franceses, los housing projects americanos, o las New Towns inglesas, es el altísimo porcentaje de vecinos que poseen su vivienda. Las políticas de Estado que se vienen aplicando desde los años 60 han elevado la casa en propiedad a elemento central para los hogares y barrios desfavorecidos. El Franquismo alcanzó el sueño húmedo de los reformistas desde el siglo XIX: convertir al proletariado urbano en un amplio frente de pequeños propietarios. La vivienda en propiedad y la expectativa de rentas inmobiliarias componen el sustrato material e ideológico sobre el que se han articulado sucesivas privatizaciones y desregulaciones financieras.
Por otra parte, la solución financiera de las últimas décadas se ha vertebrado sobre nuevas desigualdades que han redefinido los contornos del cinturón rojo. Primero, la extensión de hipotecas depredadoras a los segmentos más empobrecidos (migrantes, jóvenes, mujeres) ha dependido de una mercantilización sin precedentes de los hogares: alquiler de habitaciones a precios prohibitivos, tensas jerarquías entre propietarios e inquilinos y fragmentación de los vínculos comunitarios. Convertir a los hogares en empresas garantiza a los bancos la absorción de recursos y energías humanas, aunque a costa de erosionarlas. Segundo, la expansión del capital financiero se ha declinado en base a una marcada polarización entre nuevos y antiguos vecinos: en líneas generales, la conversión de determinados barrios en quimeras del oro permitió a los inmigrantes de los 60 y a sus hijos vender propiedades ya amortizadas, mientras que los inmigrantes extranjeros se empobrecían.
2. La capilaridad de la PAH y el sujeto político por llegar
Si las finanzas dividen mercantilizando, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas recompone lazos a partir de la defensa de derechos sociales. La grandeza de la PAH consiste en que ha sabido generar organización entre los más golpeados del cuerpo social, haciendo de su lucha una aspiración mayoritaria: la dación en pago, la injusticia inherente al desahucio o la ocupación de viviendas en manos de grandes tenedores forman cada vez más parte del sentido común.
Probablemente no haya habido ningún otro movimiento en los últimos treinta años que haya tenido semejante capilaridad en las periferias urbanas. Frente a la amenaza del racismo y las líneas de fractura, la Plataforma ha sido capaz de generar complicidades vecinales entre los grupos más diversos. Sin duda, las formas de solidaridad más inesperada pueden fácilmente darse en territorios sin que la PAH tenga una presencia activa en ellos, porque lo que les guía es su espíritu transformador. Son ejemplo de ello las miles de acciones de vecinos anónimos que se agrupan para parar desahucios, ‘liberar’ viviendas en manos de la banca y presionar a las administraciones locales.
De hecho, la PAH ha marcado el camino a los ayuntamientos, indicando qué se puede hacer desde la política municipal para frenar el ataque del capital financiero sobre las periferias urbanas. Como explicó Carlos Macías, la ILP catalana aprobada por el Parlament de la Generalitat otorga herramientas para actuar frente a la emergencia habitacional. Los municipios tienen ahora la obligación legal de controlar que los grandes tenedores no ejecuten desahucios, mediante sanciones disciplinarias de 90.000 euros, y de ampliar el parque público de vivienda social. Los ayuntamientos no pueden dejar de responder a ninguna familia sin casa, porque disponen del recurso de la cesión obligatoria (la expropiación, en otras palabras). En Barcelona, resulta imperativo ir a por los 80.000 pisos vacíos que según el INE había en 2011. Además, la ILP también impone al ayuntamiento controlar que no haya ningún corte de suministros sin un informe previo y sancionar a las compañías si esto se incumple.
Ni viviendas vacías ni familias sin casa o suministros básicos. Seguramente, si la PAH aún existe es porque esos objetivos siguen lejos de cumplirse y la desigualdad no ha dejado de aumentar. Señal de que toda opción de cambio duradero pasa por la capacidad de los barrios y sus agentes de profundizar en el tipo de alianzas que la plataforma ha producido.
